El Código Penal incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante determinados delitos cometidos en el contexto empresarial.

Este tipo de delitos no sólo son imputables a las personas físicas, sino además, tienen importantes consecuencias paras las personas jurídicas, que son responsables no sólo de delitos cometidos en su nombre por sus representantes y administradores, sino además de los delitos cometidos por sus empleados ante la falta de medidas de control y prevención.

Las consecuencias de esta responsabilidad penal, dependiendo de la gravedad del delito, irán desde multas, inhabilitaciones o suspensión de actividades hasta la intervención o disolución, sin olvidar el riesgo reputacional.